Retenciones al trigo se meten en la interna del oficialismo

El sciolismo cruza declaraciones con Urribarri, con la excusa del trigo se definen posiciones de cara a las Paso. FAA apoyó al gobernador bonaerense.

A una semana de que en una entrevista el precandidato a las Paso 2015, Sergio Urribarri, confiara en que “mantendría” los derechos de exportación a los granos si fuera presidente, el sciolismo salió a reclamar cambios en el esquema de retenciones.

 

El encargado fue el titular del MAA, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien mencionó la posibilidad de reducir los derechos de exportación al trigo a pocos días de que se inicie la campaña fina. Una medida que está tan fuera de su alcance y del gobierno de Daniel Scioli como la de establecer el precio del dólar.

 

Desde el ruralismo bonaerense se ven alentados por “posibilidad” que solamente pareciera estar en la mente de los funcionarios bonaerenses. Más si se tiene en cuenta que hace diez días, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró en Diputados que en el Ejecutivo no había en estudio ninguna modificación al esquema actual de retenciones.

 

De todos modos el ruralismo salió a presionar para que se aplique alguna medida que mejore la rentabilidad del cultivo, vía retenciones, y con ello la posición del gobierno de Daniel Scioli. Desde la FAA valoraron la propuesta de Rodríguez y la calificaron como “audaz”, ante la “intransigencia” del gobierno nacional.

 

Para los federados el pedido de reducción de retenciones del titular del MAA “reafirma la necesidad de rever el esquema de retenciones que se aplica a la comercialización de trigo. El Poder Ejecutivo debería abandonar su postura intransigente y comenzar a aplicar políticas públicas que den previsibilidad a los productores trigueros, y así poder volver a producir”.

 

En marzo, el presidente de CRA, Rubén Ferrero, reconoció en declaraciones a El Enfiteuta, que una eliminación de las retenciones al trigo elevaría el precio del insumo para la producción de harina y por ende del pan. Sin embargo, minimizó el impacto al indicar que representaría un costo adicional de 40 centavos al consumidor final, aproximadamente.