Otra vez el gobierno nacional se enfrenta a un problema financiero y económico a causa de la no liquidación de gran parte de la cosecha de soja por parte de productores agropecuarios. Según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hay cerca de 25 millones de toneladas de soja que los productores estarían reteniendo, gran parte […]
Otra vez el gobierno nacional se enfrenta a un problema financiero y económico a causa de la no liquidación de gran parte de la cosecha de soja por parte de productores agropecuarios. Según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hay cerca de 25 millones de toneladas de soja que los productores estarían reteniendo, gran parte en silos bolsa. Estos permiten a los productores acopiar en sus propios campos lo que les brinda más libertad en relación con el siguiente eslabón en la cadena productiva: los acopiadores. Ahora, y con mayor poder de fuego en la negociación, los productores buscan transformarse en un actor destacado de la puja de la renta sojera vía la retención de la cosecha.
Lo que fue una apuesta política ahora busca volverse una crisis sectorial, ya que los contratos a futuro de la oleaginosa vienen bajando, llegando a casi 343 dólares por tonelada y el poroto de soja también acumulaba un pérdida de casi 30 por ciento en lo que va del año (en la última semana hubo un repunte de la cotización). Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, admitió que “el productor perdió y hasta podemos decir que nos equivocamos en haber retenido los granos y no haber vendido hace cuatro meses. Ahora se cayeron los precios, perdió plata el productor y perdió plata el país”.
Según Capitanich, la liquidación de soja en 2012 representó un flujo total de liquidación de exportaciones de 5800 millones de dólares. En 2013 fue de 4600 millones y la previsión oficial para el cuarto trimestre de 2014 es de 4200 millones. Lo que demuestra la tendencia declinante en un año de cosecha record.
Esta situación, lejos de parecer novedosa, se está volviendo recurrente. Lo mismo sucedió a principios de año, cuando el Gobierno, a causa de la presión del complejo agropampeano junto con las empresas formadoras de precios, se vio obligado a devaluar. Todo parece indicar que los productores sojeros buscan presionar por una nueva devaluación, a fin de compensar vía tipo de cambio parte de lo perdido vía disminución de precios. Ante esto, el Gobierno esgrime que tiene los instrumentos necesarios para garantizar la liquidación de los granos. Sin embargo, vuelve a ser presa de las intenciones especulativas de aquellos que buscan obtener un rédito particular.
De no mediar cambios estructurales de envergadura, puede esperarse que esta situación vuelva a repetirse a principios del año que viene. Otra vez asistiremos al acopio especulativo de los productores. Con la retención de la cosecha, aparecieron en el escenario político varios proyectos de ley que buscaban dotar al Estado de una mayor capacidad de control. Todos ellos iban dirigidos a la recuperación de lo que fue la Junta Nacional de Granos, aunque con diferentes matices y alcances.
La Junta Reguladora de Granos fue un organismo público de regulación del mercado de granos creado en 1933, bajo la presidencia del conservador Agustín P. Justo, y que tenía como función principal la compra de algunos granos a precios establecidos por el Gobierno, que luego vendía a los exportadores. En 1946, bajo el peronismo, el organismo se transformó en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y se lo habilitó para comprar y vender todos los bienes agrarios y también industriales. Alcanzó a comercializar el 80 por ciento del trigo y el 50 por ciento del resto de los granos, haciendo que el Estado se apropiara de gran parte de la renta agraria. En 1963, bajo la presidencia de José María Guido, se volvió a transformar y pasó a llamarse Junta Nacional de Granos. Entonces compraba granos en competencia con cooperativas, acopiadores y otras organizaciones privadas buscando pagar precios mínimos. Luego se incorporó a sus funciones la regulación de los elevadores y los silos, ya que éstos crecían en importancia dentro del sector. Sin embargo, con la ola neoliberal se disolvió el organismo en 1991, por el decreto 2284.
Argentina, como sostenía Marcelo Diammand, es una economía que posee una estructura productiva desequilibrada, con dos sectores marcadamente diferentes. Por un lado, el sector agropecuario con ventajas naturales extraordinarias y una productividad muy alta, y por otro, un sector industrial con una productividad más baja. Para compensar estas diferencias, es necesario adoptar tipos de cambios diferenciales (actualmente, con las retenciones), de manera que la industria estuviera razonablemente protegida y se incentive su desarrollo. Un problema recurrente con esta estructura es que la baja productividad industrial requiere de muchas divisas (dado que gran porcentaje de sus partes es importado), más de las que aportan las exportaciones agropecuarias. Esto se transforma en un cuello de botella en el sector externo y con fuertes presiones a la devaluación, lo que se conoce como “stop and go”.
Sin embargo, en este período de crecimiento de la demanda internacional de materias primas y su correspondiente aumento de precio, generan que las divisas de las exportaciones del sector agropecuario alcancen. Por lo tanto, el Estado capta parte de esa renta extraordinaria que posee el agro argentino vía retenciones y lo transfiere a la industria en forma de subsidios, créditos blandos, infraestructura, entre otros, en busca de sostener el proceso industrializador. La falta de liquidación de las exportaciones agrarias pretende hacer tambalear ese círculo virtuoso de la economía. Por lo tanto, urge la necesidad de que el Estado se arme de los instrumentos necesarios para que los ataques especulativos no pongan en riesgo el proceso normal de la economía.
* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
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